Los trabajadores del Bajo Guadalquivir no cobraban, pero el gerente se iba a Cuba
Día 29/04/2014 - 12.03h
El PSOE liquida la Mancomunidad con una deuda de 43 millones pese a que la interventora alerta de que faltan por contabilizar muchos impagos
La liquidación de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, que se ha cerrado con una deuda de 43 millones de euros y dos años de impagos a proveedores y personal, no es definitiva. Faltan papeles. Quedan subvenciones por justificar y sentencias judiciales que ejecutar, por lo que el agujero podría incrementarse aún más.
Lo dice en un informe la interventora de fondos
de la propia Mancomunidad, Sandra María Antón, quien también señala que
tomó posesión de su cargo el 1 de septiembre de 2012, con el organismo
ya en fase de liquidación, y que se encontró con dos ejercicios sin cerrar, sin informe «donde quede constancia de la situación económica» y con «la dificultad de recabar los datos y antecedentes necesarios para la realización del informe de liquidación».
Los números aprobados oficialmente el pasado 7 de abril son escandalosos...
Es más, Antón hace hincapié en no dejar «pasar por alto la dejadez de funciones que se acreditan» a raíz de estos hechos «del departamento de Intervención y de Tesorería, y en concreto del señor interventor,
que no sólo no advierte por escrito en ningún momento de dicha
situación, sino que la consiente hasta el momento mismo de su cese».
Es decir, la disparatada gestión de la Mancomunidad que durante siete años presidió el socialista Antonio Maestre
—exalcalde de Los Palacios—, en la que se ha aprobado una deuda total
de 42,6 millones de euros y que mantiene en una situación desesperada a
proveedores y empleados de la institución, se pudo producir gracias a la
falta de control interno, según recalca la interventora.
Los números aprobados oficialmente el pasado 7 de abril son escandalosos. Según el acta de liquidación, a la que ha tenido acceso ABC, la Mancomunidad debe 7,3 millones en nóminas a su personal, 1,3 a Hacienda por el IRPF, otros 15,3 a los proveedores
en lo que hasta ahora hay contabilizado —la interventora insiste en que
hay deudas de las que no se tiene constancia—, 2,9 más en intereses de
demora, 5,5 a La Caixa —antigua Cajasol—, 6 en concepto de subvenciones no justificadas que no han sido reintegradas, 7 millones a la Seguridad Social y, finalmente, diez millones por el sellado de los vertederos de Utrera y de Lebrija, aunque esta última cantidad la asumirá la Junta tras un convenio con los municipios.
Polémicas antes del cierre...
Además, la quiebra de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir es una historia colmada de polémicas. Su exgerente, José Antonio Navarro,
responsable durante años de la gestión económica de este organismo bajo
el mando de Antonio Maestre, comenzó a dejar de pagar las nóminas a los
trabajadores en el año 2009, según denuncia el portavoz de la Plataforma de Afectados de la Mancomunidad, Manuel Ángel Caro. Sin embargo, en el listado de deudas con los proveedores constan varios contratos con una agencia por viajes a Cuba
que, según los extrabajadores, se produjeron mientras ellos padecían ya
el impago de sus sueldos. «Los viajes no son lo más importante en la
situación económica de la sociedad», aclara Caro a ABC, pero simbolizan
la poca estética del máximo responsable ejecutivo de la misma.
La Plataforma de Afectados asegura ahora que está satisfecha con la labor de la alcaldesa de Lebrija, María José Fernández,
que asumió el agujero de Maestre, ya que el menos ahora la deuda
tendrán que pagarla los ayuntamientos, «no un organismo muerto como la
Mancomunidad», por lo que tienen esperanzas de cobrar las diez nóminas de les deben y
las indemnizaciones por despido. Manuel Ángel Caro reitera que «la
puntilla se la ha dado Maestre, que venía arrastrando esa bola desde
siempre», con la colaboración del exgerente. «El órgano de control de la
Mancomunidad se ha reunido muy pocas veces en estos 25 años, se ha
reunido más desde junio de 2012 hasta ahora que en toda su historia, por
lo que era su gobierno el que decidía», dice Caro mientras recuerda
que, como certificó la Cámara de Cuentas, el Bajo Guadalquivir se pasó años sin presentar sus presupuestos.
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