EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

              

El Tribunal Constitucional de España acredita una trayectoria sin parangón en derecho comparado, jalonada de estropicios a cual más dañino para la nación y la libertad de sus ciudadanos. No ha habido enjuague de la clase política que el Tecé no haya sancionado con el incienso inapelable de sus dictámenes... su última tarascada a las libertades civiles ha sido la legalización de una de las franquicias de la ETA enmendando la plana al Supremo para que la mezquindad fuera completa.

Todo comenzó con la expropiación de Rumasa por los socialistas, recién llegados al poder, cuyo expolio hubo de ser validado después de varias prórrogas y muchas discusiones con el voto de calidad de su presidente, objeto de una presión política y mediática sin precedentes. García Pelayo, magistrado ejemplar hasta ese momento, dimitió al año siguiente y se exilió a Venezuela donde murió unos pocos años después. Un par de años después, y ante el serio aviso de que una alta magistratura pudiera oponerse a los dictados de González, el PSOE dejó en manos de Alfonso Guerra la ejecución pública de Montesquieu con una Ley Orgánica del Poder Judicial que consagró oficialmente el fielato político de los nombramientos judiciales.

Con Aznar en el gobierno, el Tecé consideró inaceptable que una ley liberalizara el uso del suelo acabando de paso con el principal foco de corrupción institucional, así que decidió anular la mayor parte de la norma para que ayuntamientos y comunidades autónomas, estas últimas impulsoras del recurso de constitucionalidad, pudieran seguir manteniendo esa fuente de ingresos irregulares que tanto bien ha hecho a la imagen pública de la casta.

Con esta hoja de servicios en contra de la patria, la petición de la presidenta madrileña de convertir el Tecé en una sala más del Supremo resulta muy pertinente. Ya que tenemos que contar con un tribunal de estas características, situémoslo en la escala judicial allí donde sus daños puedan ser controlados. Rodeados sus miembros por verdaderos jueces y magistrados del Supremo igual les da por actuar como tales, en lugar de seguir siendo los palanganeros de la casta política más desvergonzada que hemos padecido probablemente en varios siglos. Por pedir que no quede.